Con más de 50 años de lucha organizada, los campesinos brasileños continúan resistiendo los embates de la oligarquía agraria.
Por Rodrigo Menitto | Desde San Pablo, Brasil
27|03|2009
La lucha por el acceso a la tierra en América Latina es una problemática que atraviesa la historia y llega a nuestros días sin grandes avances. Los dueños de la tierra han configurado un poder suficiente para mantener sus intereses intactos y, si es necesario, hacer tambalear cualquier gobierno que se atreva a amenazar sus riquezas.
Los acontecimientos son similares para todos los países. En la actualidad, esos sectores poderosos vuelven a la escena de la mano del inédito crecimiento del precio de los commodities agrícolas. Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil son los ejemplos más contundentes de hasta dónde puede llegar el avance de esos grupos de poder.
En ese contexto, la historia de la lucha campesina en Brasil sirve para entender las embestidas de las que hoy en día son víctimas los grupos sin tierra que siguen luchando por el acceso a ese recurso.
En la década del 50, con la expansión de los ingenios azucareros en el Estado de Pernambuco -nordeste brasileño- surgieron grandes masas de trabajadores rurales. Casi al mismo tiempo, los constantes conflictos entre terratenientes y el campesinado, llevaron a la unión de los últimos y la creación de las Ligas Campesinas en 1955 .
La dinámica de la lucha empezó con reivindicaciones laborales concretas. Luego, se profundizó sobre la problemática de la tenencia de la tierra y emergieron nuevas acciones para impulsar la reforma agraria: las ocupaciones de propiedades improductivas. Las Ligas Campesinas crecieron muy rápido en diferentes municipios de Pernambuco y se extendieron por varios estados brasileños.
Cuando la lucha tomó dimensiones nacionales, los campesinos organizaron el primer Congreso Nacional de Labradores y Trabajadores Agrícolas, en 1961.
Los militantes de las Ligas se convirtieron en protagonistas importantes al discutir de igual para igual con la Unión de los Labradores de Brasil (ULB), organización creada por el Partido Comunista de Brasil (PCB): chocaron dos visiones de cómo encarar la lucha política por el acceso a la tierra.
Por un lado, la organización comunista planteó una estrategia legalista y reformista al entender que el país todavía se encontraba en una etapa feudal de desarrollo económico. Por lo tanto, se debían apoyar las reformas burguesas para alcanzar un capitalismo moderno y, sólo después, encarar la lucha por la tierra. Esta postura fue rechazada por las Ligas y provocó, al mismo tiempo, la salida de muchos militantes comunistas tanto del Partido como de la ULB.
Los años siguientes fueron de grandes avances para las Ligas Campesinas. En ese contexto se enmarcan el reconocimiento por parte de los patrones de los derechos de los trabajadores rurales y varias expropiaciones de tierras. La consigna más famosa del movimiento demostraba su determinación y provocaba el miedo generalizado a los terratenientes: “Reforma Agraria por las buenas o por las malas”.
Sin embargo, el golpe de estado en 1964 desarticuló a las Ligas Campesinas con la persecución, cárce l y el exilio de sus principales dirigentes. Aún así, la historia de esa lucha marcó el camino de los futuros movimientos de los “sin tierra” que nacerían en la década del 80, con la apertura democrática.
Pese a los años que pasaron, en la actualidad los trabajadores campesinos se enfrentan a nuevos embates de los dueños de la tierra y sus cómplices. Una lucha histórica que aún continúa.
En el Estado de Pernambuco, una confrontación en el acampamento del Movimiento de los Trabajadores Rurales S in Tierra (MST), donde viven 100 familias, dejó cuatro muertos. Pero esta vez, la tierra se manchó con la sangre de los pistoleros, que después de varias amenazas y aprietes, el 21 de febrero, invadieron el acampamento y golpearon duramente a uno de los líderes sin tierra. Cuando uno de los matones sacó la pistola que llevaba en la cintura los campesinos reaccionaron matando a los agresores. Así fueron narrados los hechos en un comunicado de prensa del MST.
En el Estado de San Pablo, el más rico del país, el carnaval comenzó con la ocupación de 21 estancias por parte de Agricultores Sin Tierra (MAST), Brasileños Unidos por la Tierra (UNITERRA), Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTST) y sindicados pertenecientes a la Central Única de los Trabajadores (CUT). Las organizaciones protestaban contra la política de reforma agraria en la región del Pontal do Paranapanema en el interior del estado paulista.
La zona en conflicto suma más de 400 mil hectáreas de tierras públicas que fueron ocupadas ilegalm ente por terratenientes. La Justicia ya determinó como ilegal la ocupación y reconoció al Estado como propietario de las mismas. Sin embargo, las autoridades paulistas no han actuado para cumplir la orden de desalojo.
Días después, los movimientos dejaron las tierras para conseguir una reunión con el secretario de Justicia de San Pablo, Luiz Antônio Marrey. El encuentro entre ambas partes quedó estipulado para el 25 de febrero. Sin embargo, el gobierno paulista lo suspendió a último momento sin dar explicaciones.
Después de estos hechos, los medios de comunicación, las entidades rurales y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) salieron a coro a pedir la criminalización de los movimientos sociales. Esta reacción no es una casualidad, si se tiene en cuenta que el gobernador del Estado de San Pablo, José Serra, es el candidato de la derecha (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) para las elecciones presidenciales de 2010.
Cuidar la imagen del futuro candidato será prioridad para los sectores de poder a lo largo de este año.
En este contexto, las declaraciones del presidente del STJ, Gilmar Mendes, fueron una amenaza concreta: "No puede haber dinero público para subsidiar tales movimientos que actúan en contra del Estado de Derecho". De ese modo, desenmascaró su claro objetivo de aislar a las organizaciones populares que con dichos recursos llevan adelante diversos proyectos sociales, obligaciones abandonadas por el Estado en los años de neoliberalismo.
Por el otro lado, el magistrado brasileño también dijo que: "Quien aporta recursos a entidades que cometen actos ilícitos también está cometiendo ilicitud". Obviamente, apuntaba el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Mientras en muchos países del mundo los jueces hablan a través de sus sentencias, Gilmar Mendes transformó su puesto en el STJ en una trinchera para atacar al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Asimismo, el pueblo brasileño ve como el magistrado aprovecha casos de repercusión nacional, en donde la Suprema Corte debe definir su parecer, para emitir sus opiniones netamente opositoras. Así lo hizo con la propuesta oficial de revisión de la Ley de Amnistía, que favoreció a los militares torturadores de la dictadura, para atacar al gobierno y tachar a la generación de los 70 como terrorista.
En el sur del territorio brasileño, la gobernadora del Estado de Río Grande do Sul, Yeda Crusius, a través del Ministerio Público y la Brigada Militar, intenta por todos los medios disolver al MST.
Las maniobras comenzaron con prohibiciones de manifestaciones y marchas. Luego, las autoridades evocaron la Ley de Seguridad Nacional, herencia de la dictadura militar, para abrir causas penales a los luchadores populares. (Ver: “Represión judicial sobre el MST”. APM 24/08/2008)
A mediados de febrero, l a gobernadora suspendió el proyecto “Escuela Itinerante” que funcionaba desde 1996 con el aval del Consejo Estadual de Educación gaúcho. Esta decisión de Crusius está acompañada del cierre de otras escuelas rurales que dejó a más de 8.500 niños sin clases.
¿Qué motivos dio el gobierno estadual para la suspensión de la Escuela Itinerante? El procurador Gilberto Thums argumentó que los contenidos no son adecuados porque "hacen lavado de cerebro para pasar teoría marxista. Eso es una maldad". Ahora, dejar 600 niños de los campamentos sin profesores ¿es un acto de bondad?.
La maestra en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Isabela Camini, trabaja desde hace 12 años en los campamentos sin tierra y defiende el principio de que "la escuela debe
estar donde el pueblo está y no el pueblo ir donde está la escuela".
Otro punto fundamental de este proyecto es "respetar la cultura y la realidad del pueblo que está en marcha en búsqueda de una mejor calidad de vida", explica Camini.
Este proyecto tuvo gran éxito para las comunidades rurales de los estados donde fue implementado: Paraná, Santa Catarina, Goiás, Alagoas y Piauí. El destino de muchos de estos niños, que antes no tenían escuela ni futuro, eran las calles de las ciudades donde terminaban mendigando o prostituyéndose para sobrevivir.
Por este motivo, Don Xavier Gilles, obispo y presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), consideró la actitud de la gobernadora Crusius como "un verdadero terrorismo cultural".
Tampoco fue menos categórico al dirigirse a los funcionarios de la gobernación de Río Grande do Sul. "Ustedes que, por determinación constitucional, deberían defender los derechos de los débiles se prostituyen y se adulteran con aquellos que secularmente viven de la explotación de los pobres", manifestó el obispo brasileño.
Según datos de la CPT, entre los años 1985 y 2007 fueron asesinados más de 1.500 trabajadores rurales por la lucha en pos de la reforma agraria. Actualmente, son más de 250 mil familias sin tierra que se encuentran en campamentos al costado de las rutas de todo el país, según los datos del Forum Nacional por la Reforma Agraria. Personas que están restrictas de los derechos básicos como educación, salud y vivienda.
El MST cumplió recientemente 25 años de historia en la lucha por la reforma agraria. A lo largo de esos años se consolidó como la mayor organización popular de América Latina, resultado de una gran coherencia política en sus decisiones y ejemplo de democracia interna.
Sin embargo, los años que se aproximan no muestran que habrá grandes avances en lo que se refiere a la reforma agraria en Brasil. El gobierno del PT nunca se planteó -como lo hicieron los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador a través de la reforma de sus constituciones- una refundación de la nación.
Los objetivos nunca ultrapasaron el ideal de mejorar la calidad de vida del pueblo brasileño. Asimismo, es innegable que la vida de los sectores populares ha mejorado a través del poder adquisitivo, los planes sociales, entre otras cosas.
No obstante, todo lo que atañe a las estructuras de poder, como la propiedad de la tierra, sigue vigente. Por esto, escenas de violencia, muerte y persecución de los trabajadores rurales continuarán manchando de sangre las tierras brasileñas.
Los acontecimientos son similares para todos los países. En la actualidad, esos sectores poderosos vuelven a la escena de la mano del inédito crecimiento del precio de los commodities agrícolas. Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil son los ejemplos más contundentes de hasta dónde puede llegar el avance de esos grupos de poder.
En ese contexto, la historia de la lucha campesina en Brasil sirve para entender las embestidas de las que hoy en día son víctimas los grupos sin tierra que siguen luchando por el acceso a ese recurso.
La Reforma Agraria y las Ligas Campesinas
En la década del 50, con la expansión de los ingenios azucareros en el Estado de Pernambuco -nordeste brasileño- surgieron grandes masas de trabajadores rurales. Casi al mismo tiempo, los constantes conflictos entre terratenientes y el campesinado, llevaron a la unión de los últimos y la creación de las Ligas Campesinas en 1955 .La dinámica de la lucha empezó con reivindicaciones laborales concretas. Luego, se profundizó sobre la problemática de la tenencia de la tierra y emergieron nuevas acciones para impulsar la reforma agraria: las ocupaciones de propiedades improductivas. Las Ligas Campesinas crecieron muy rápido en diferentes municipios de Pernambuco y se extendieron por varios estados brasileños.
Cuando la lucha tomó dimensiones nacionales, los campesinos organizaron el primer Congreso Nacional de Labradores y Trabajadores Agrícolas, en 1961.
Los militantes de las Ligas se convirtieron en protagonistas importantes al discutir de igual para igual con la Unión de los Labradores de Brasil (ULB), organización creada por el Partido Comunista de Brasil (PCB): chocaron dos visiones de cómo encarar la lucha política por el acceso a la tierra.
Por un lado, la organización comunista planteó una estrategia legalista y reformista al entender que el país todavía se encontraba en una etapa feudal de desarrollo económico. Por lo tanto, se debían apoyar las reformas burguesas para alcanzar un capitalismo moderno y, sólo después, encarar la lucha por la tierra. Esta postura fue rechazada por las Ligas y provocó, al mismo tiempo, la salida de muchos militantes comunistas tanto del Partido como de la ULB.
Los años siguientes fueron de grandes avances para las Ligas Campesinas. En ese contexto se enmarcan el reconocimiento por parte de los patrones de los derechos de los trabajadores rurales y varias expropiaciones de tierras. La consigna más famosa del movimiento demostraba su determinación y provocaba el miedo generalizado a los terratenientes: “Reforma Agraria por las buenas o por las malas”.
Sin embargo, el golpe de estado en 1964 desarticuló a las Ligas Campesinas con la persecución, cárce l y el exilio de sus principales dirigentes. Aún así, la historia de esa lucha marcó el camino de los futuros movimientos de los “sin tierra” que nacerían en la década del 80, con la apertura democrática.
Pese a los años que pasaron, en la actualidad los trabajadores campesinos se enfrentan a nuevos embates de los dueños de la tierra y sus cómplices. Una lucha histórica que aún continúa.
Ocupaciones y represiones
El 2009 comenzó agitado para los movimientos sociales que luchan por la reforma agraria en Brasil. En tres diferentes puntos del país, el conflicto por la tierra mostró, por un lado, la decisión de un pueblo de luchar por sus derechos y, por otro, las viejas oligarquías dispuestas a todo para mantener sus privilegios.
En el Estado de Pernambuco, una confrontación en el acampamento del Movimiento de los Trabajadores Rurales S in Tierra (MST), donde viven 100 familias, dejó cuatro muertos. Pero esta vez, la tierra se manchó con la sangre de los pistoleros, que después de varias amenazas y aprietes, el 21 de febrero, invadieron el acampamento y golpearon duramente a uno de los líderes sin tierra. Cuando uno de los matones sacó la pistola que llevaba en la cintura los campesinos reaccionaron matando a los agresores. Así fueron narrados los hechos en un comunicado de prensa del MST.En el Estado de San Pablo, el más rico del país, el carnaval comenzó con la ocupación de 21 estancias por parte de Agricultores Sin Tierra (MAST), Brasileños Unidos por la Tierra (UNITERRA), Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTST) y sindicados pertenecientes a la Central Única de los Trabajadores (CUT). Las organizaciones protestaban contra la política de reforma agraria en la región del Pontal do Paranapanema en el interior del estado paulista.
La zona en conflicto suma más de 400 mil hectáreas de tierras públicas que fueron ocupadas ilegalm ente por terratenientes. La Justicia ya determinó como ilegal la ocupación y reconoció al Estado como propietario de las mismas. Sin embargo, las autoridades paulistas no han actuado para cumplir la orden de desalojo.
Días después, los movimientos dejaron las tierras para conseguir una reunión con el secretario de Justicia de San Pablo, Luiz Antônio Marrey. El encuentro entre ambas partes quedó estipulado para el 25 de febrero. Sin embargo, el gobierno paulista lo suspendió a último momento sin dar explicaciones.
La dura mano del juez
Después de estos hechos, los medios de comunicación, las entidades rurales y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) salieron a coro a pedir la criminalización de los movimientos sociales. Esta reacción no es una casualidad, si se tiene en cuenta que el gobernador del Estado de San Pablo, José Serra, es el candidato de la derecha (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) para las elecciones presidenciales de 2010.
Cuidar la imagen del futuro candidato será prioridad para los sectores de poder a lo largo de este año.
En este contexto, las declaraciones del presidente del STJ, Gilmar Mendes, fueron una amenaza concreta: "No puede haber dinero público para subsidiar tales movimientos que actúan en contra del Estado de Derecho". De ese modo, desenmascaró su claro objetivo de aislar a las organizaciones populares que con dichos recursos llevan adelante diversos proyectos sociales, obligaciones abandonadas por el Estado en los años de neoliberalismo.
Por el otro lado, el magistrado brasileño también dijo que: "Quien aporta recursos a entidades que cometen actos ilícitos también está cometiendo ilicitud". Obviamente, apuntaba el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Mientras en muchos países del mundo los jueces hablan a través de sus sentencias, Gilmar Mendes transformó su puesto en el STJ en una trinchera para atacar al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Asimismo, el pueblo brasileño ve como el magistrado aprovecha casos de repercusión nacional, en donde la Suprema Corte debe definir su parecer, para emitir sus opiniones netamente opositoras. Así lo hizo con la propuesta oficial de revisión de la Ley de Amnistía, que favoreció a los militares torturadores de la dictadura, para atacar al gobierno y tachar a la generación de los 70 como terrorista.
El peligroso arte de pensar
En el sur del territorio brasileño, la gobernadora del Estado de Río Grande do Sul, Yeda Crusius, a través del Ministerio Público y la Brigada Militar, intenta por todos los medios disolver al MST.
Las maniobras comenzaron con prohibiciones de manifestaciones y marchas. Luego, las autoridades evocaron la Ley de Seguridad Nacional, herencia de la dictadura militar, para abrir causas penales a los luchadores populares. (Ver: “Represión judicial sobre el MST”. APM 24/08/2008)
A mediados de febrero, l a gobernadora suspendió el proyecto “Escuela Itinerante” que funcionaba desde 1996 con el aval del Consejo Estadual de Educación gaúcho. Esta decisión de Crusius está acompañada del cierre de otras escuelas rurales que dejó a más de 8.500 niños sin clases.
¿Qué motivos dio el gobierno estadual para la suspensión de la Escuela Itinerante? El procurador Gilberto Thums argumentó que los contenidos no son adecuados porque "hacen lavado de cerebro para pasar teoría marxista. Eso es una maldad". Ahora, dejar 600 niños de los campamentos sin profesores ¿es un acto de bondad?.
La maestra en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Isabela Camini, trabaja desde hace 12 años en los campamentos sin tierra y defiende el principio de que "la escuela debe
Otro punto fundamental de este proyecto es "respetar la cultura y la realidad del pueblo que está en marcha en búsqueda de una mejor calidad de vida", explica Camini.
Este proyecto tuvo gran éxito para las comunidades rurales de los estados donde fue implementado: Paraná, Santa Catarina, Goiás, Alagoas y Piauí. El destino de muchos de estos niños, que antes no tenían escuela ni futuro, eran las calles de las ciudades donde terminaban mendigando o prostituyéndose para sobrevivir.
Por este motivo, Don Xavier Gilles, obispo y presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), consideró la actitud de la gobernadora Crusius como "un verdadero terrorismo cultural".
Tampoco fue menos categórico al dirigirse a los funcionarios de la gobernación de Río Grande do Sul. "Ustedes que, por determinación constitucional, deberían defender los derechos de los débiles se prostituyen y se adulteran con aquellos que secularmente viven de la explotación de los pobres", manifestó el obispo brasileño.
Según datos de la CPT, entre los años 1985 y 2007 fueron asesinados más de 1.500 trabajadores rurales por la lucha en pos de la reforma agraria. Actualmente, son más de 250 mil familias sin tierra que se encuentran en campamentos al costado de las rutas de todo el país, según los datos del Forum Nacional por la Reforma Agraria. Personas que están restrictas de los derechos básicos como educación, salud y vivienda.
El MST cumplió recientemente 25 años de historia en la lucha por la reforma agraria. A lo largo de esos años se consolidó como la mayor organización popular de América Latina, resultado de una gran coherencia política en sus decisiones y ejemplo de democracia interna.
Sin embargo, los años que se aproximan no muestran que habrá grandes avances en lo que se refiere a la reforma agraria en Brasil. El gobierno del PT nunca se planteó -como lo hicieron los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador a través de la reforma de sus constituciones- una refundación de la nación.
Los objetivos nunca ultrapasaron el ideal de mejorar la calidad de vida del pueblo brasileño. Asimismo, es innegable que la vida de los sectores populares ha mejorado a través del poder adquisitivo, los planes sociales, entre otras cosas.
No obstante, todo lo que atañe a las estructuras de poder, como la propiedad de la tierra, sigue vigente. Por esto, escenas de violencia, muerte y persecución de los trabajadores rurales continuarán manchando de sangre las tierras brasileñas.
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