Por Rodrigo Menitto | Desde San Pablo, Brasil
15|11|2008
Después de años de idas y vueltas la justicia brasileña dio señales de estar cambiando en algo con respecto a los crímenes cometidos por la última dictadura militar (1964-1985). El 9 de octubre el juez Gustavo Teodoro de San Pablo condenó al ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como responsable de las torturas sufridas por los miembros de la familia Teles en las dependencias del Destacamento de Operaciones de Información - Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi) .
El ex-coronel Ustra estuvo a cargo del DOI-Codi entre 1970 y 1974, siendo este el peor centro de torturas de la dictadura brasileña localizada en la capital paulista. Por los calabozos de este centro de detención ilegal pasaron más de dos mil presos políticos, de los cuales se constataron alrededor de 50 asesinados.
Esta condena es la primera victoria para los defensores de los Derechos Humanos desde la sanción de la Ley de Amnistía de 1979, que colocó en pie de igualdad a militares represores y militantes populares. Después de casi 30 años se logró que se considerara la tortura y las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.
La causa fue iniciada por María Almeida Teles, Cesar Teles y Crimea Almeida secuestrados en 1972 y torturados en el DOI-Codi. También fueron apresados los dos hijos del matrimonio Teles, Janaína de cinco y Édson de cuatro años.
"Pude ver a mi madre y a mi padre en plena tortura. Sin embargo, cuando yo miraba, no podía reconocer aquel rostro verde, morado, ensangrentado por las torturas que Carlos Alberto Brilhante Ustra había infligido a mi madre. Era ella, pero no podía reconocerla", recordó Édson de Almeida .
La sentencia firmada por el juez Gustavo Teodoro fue contundente al definir el DOI-Codi como "una casa de los horrores, razón por la cual el acusado no podría ignorar lo que allí se pasaba".
Sin embargo, en la segunda causa judicial que el ex-coronel respondía por el asesinato del periodista Luiz Merlino, la defensa logró archivar la causa. Debido a la falta de ciertos documentos burocráticos que probasen la relación entre la demandante, -compañera en aquel entonces de Merlino- se dejó una brecha legal de la cual se aprovechó Ustra.
La noticia sobre la decisión de la Abogacía-General de la Unión (AGU) en asumir la defensa de los coroneles del Ejército Carlos Ustra y Audir Maciel (ya fallecido) acusados de crímenes de lesa humanidad, provocó la indignación de todos los defensores de los derechos humanos en Brasil, tanto dentro como fuera del Gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva.
Creada por la Constitución de 1988, la AGU es el organismo responsable de la representación judicial del Gobierno Federal y de asesorar en cuestiones jurídicas al Poder Ejecutivo. En pocas palabras, el Estado brasileño tomó como propio el discurso castrense por lo cual sus acciones discurrieron en función de “en su soberano ejercicio de la seguridad nacional”.
El tumulto generó amenazas de renuncias dentro del Gobierno de Lula. Por un lado, Augustino Veit, presidente de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos, dependiente de la Secretaria Especial de Derechos Humano, propuso la presentación de una renuncia colectiva de todos los miembros de la comisión. Pero fue persuadido de no hacerlo para no debilitar la puja entre los ministros Tarso Genro (Justicia) y Paulo Vannuchi de Derechos Humanos.
Por su parte, Vannuchi también dejó entrever el malestar provocado por la AGU. "Si al final de una paciente, perseverante, persistente y disciplinada argumentación interna, prevalece este punto de vista, una persona como yo tiene que dejar el gobierno y volver para la sociedad civil para llevar adelante esta misma actividad", dijo el ministro.
"Es absurdo que el Estado Democrático de Derecho este mínimamente ligado a los torturadores. Ni siquiera tiene el derecho de solidarizarse con esos canallas. Ellos derribaron un gobierno electo, rompieron la Constitución y agredieron todas las leyes del país", declaró Ivan Seixas director del Forum de Ex-Presos y Perseguidos Políticos de San Pablo .
A pesar de las trabas de algunos sectores retrógrados, la lucha por la justicia continúa. Los procuradores Marlon Weichert y Eugência Fávero del Ministerio Público Federal abrieron investigaciones en las Procuradurías de los Estados de San Pablo y Río de Janeiro y en el Municipio de Uruguaiana en Río Grande do Sul.
En San Pablo se abrió el caso del secuestro y asesinato de Luiz José Cunha militante de la Acción Libertadora Nacional, que fue baleado por la espalda en la avenida Santo Amaro de la capital paulista en 1971.
En Río se investigará las desapariciones de los argentinos Horácio Domingo Campiglia y Monica Pinus de Binstock ocurridas en 1980, quienes fueron secuestrados en el aeropuerto de la ciudad carioca, donde iban a participar de una reunión para organizar la vuelta de militantes exilados a Argentina.
Denominada como Contraofensiva esta operación fue preparada por la organización revolucionaria Montoneros, a la cual pertenecían ambos militantes.
Por su parte, en el Estado sureño de Río Grande do Sul se llevará a cabo investigaciones sobre el Plan Cóndor, una coordinación de las dictaduras sudamericanas para la captura y asesinato de militantes políticos.
En ese sentido, los sectores que defienden los militares han dejado a Brasil en una situación internacional bastante complicada. El 25 de septiembre el Gobierno brasileño fue notificado oficialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre las posibles sanciones por violar las convenciones internacionales suscriptas por el país.
El organismo internacional estudia más de 100 casos de violaciones de los Derechos Humanos, entre estos, varios de la época de la Dictadura militar. (Ver: “Brasil no quiere mirar su pasado”. APM 15/08/2008)
Brasil sigue pasos muy tímidos, si se hace una comparación Argentina o Chile donde la sociedad no tuvo miedo de revisar su pasado y condenó con la cárcel a muchos torturadores y asesinos de los años de plomo.
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