Más de 70 organizaciones sociales conformaron el Tribunal Popular donde se juzgó la implementación de la violencia contra los sectores populares. Brasil es al país con más muertes registradas en manos de fuerzas estatales.
Por Rodrigo Menitto | Desde San Pablo, Brasil
19|12|2008
En la tradicional Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo (USP) entre los días 4 al 6 de diciembre el Estado brasileño fue acusado en diferentes casos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población.
A lo largo de cuatro secciones se presentaron documentos y testimonios de amigos y familiares de las víctimas de los cuatro casos emblemáticos de violencia estatal: Operación Militar en la Favela Alemão en Río de Janeiro, 2007; sistema carcelario y ejecuciones de jóvenes negros en Bahía; la Masacre de Mayo San Pablo, 2006; criminalización de los movimientos en Río Grande do Sul, 2008.
El tribunal contó con la presencia de militantes y docentes universitarios de gran trayectoria en las luchas sociales y en la defensa de los derechos humanos en Brasil. Entre las organizaciones participantes estuvieron el Grupo Tortura Nunca Más, Centro Étnico Conocimiento Socio-Ambiental, Foro Permanente de Ex-Presos y Perseguidos Políticos, la Pastoral Operaria, la Asociación de Parientes y Amigos de Presos de Bahía (ASFAP-BA), el Movimiento Malcon X y Grass Roots Movement de Estados Unidos.
El presidente de la Asociación Brasileña de la Reforma Agraria (ABRA), Plinio Arruda Sampaio, fue el promotor en la sección final del juicio. Pidió la pena máxima, por entender que en las acciones del Estado existió intención de cometer los crímenes presentados.
Sampaio argumentó que "el crimen se llama criminalización de la pobreza, donde se imponen restricciones, carencias, sufrimiento, injurias al pobre por el hecho de ser pobre".
Para encerrar las conclusiones del proceso, Sampaio atribuyó, además, responsabilidad de los crímenes a los tres poderes del Estado: "Terrorismo sicológico, invasión de domicilio, agresión física y agresión moral, tortura, ejecución sumaria, tratamiento deshumano de presos menores de edad, insuficiencia de gastos en las periferias pobres de las ciudades".
"La policía mata, pero quien sepulta es el Judicial". Con esta frase del comisario Orlando Zaccone de Río de Janeiro, la jueza Kenarik Boujikian de San Pablo llamó la atención para el rol del juez como el garante ante los atropellos policíacos.
"Nadie se conmueve cuando el cuerpo que está en el piso es de un negro", dijo Lio N´Zumbi, Integrante de ASFAP-BA cuando se trató la persecución y exterminio de los jóvenes negros en Brasil.
En los barrios pobres de Bahía las víctimas de las balas policiales son en su mayoría negros de 15 a 29 años de baja escolaridad y sin antecedentes criminales. En 2007 fueron 660 asesinados, este año el número pegó un salto para 1450 muertos, según datos de la ASFAP-BA.
"Existe una pena de muerte que no está en nuestra Constitución, pero que en la práctica es ejecutada por los agentes del Estado", exoresó Lio N´Zumbi.
La brutalidad y la sangre fría de la policía bahiana se llega a leer en algunos patrulleros que llevan estampados, clandestinamente, la consigna: "Padre hace, madre educa y la policía mata".
También fueron presentados los casos de criminalización de los movimientos sociales. Al sur del país, en el Estado de Río Grande do Sul, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) tiene militantes presos y otros con causa en andamiento. En una de las causas judiciales se realizaron escuchas telefónicas con la clara intención en perseguir a los dirigentes del movimiento. (Ver: “Represión judicial sobre el MST”. APM 24/08/2008)
Los relatos de asesinatos, torturas y amenazas de muerte por parte de las víctimas fueron dejando en evidencia el grado de impunidad de la policía brasileña. Sin embargo ninguna se compara con la masacre ocurrida en San Pablo en 2006.
En aquel entonces la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) decidió tomar por asalto la mayor ciudad de América del Sur para presionar el gobierno estatal por la transferencia de sus jefes a otras cárceles fuera de su control. Los 11 millones de habitantes se vieron prohibidos de salir a las calles dominadas por el PCC. Hubo un toque de queda que duró 24 horas.
Según la Secretaria de Seguridad Pública de San Pablo los criminales fueron responsables por la muerte de 47 personas. Sin embargo, entre los días 12 y 20 de mayo (un día después del estado de sitio) fueron asesinadas 493 personas en un operativo denominado por las fuerzas del orden como Contraofensiva. El hecho quedó conocido por el pueblo como la Mascare de Mayo.
El Informe Derechos Humanos en Brasil 2008, realizado por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, marca una realidad preocupante. Cerca de 50 mil personas son asesinadas cada año en Brasil, un índice que está entre las más altas del mundo.
En 2004 existián 26,9 muertes por cada 100 mil habitantes, un aumento considerable en comparación con los 11,7 muertos en 1980. Países de Europa Occidental conviven con tasas inferiores a 3 muertes a cada 100 mil y Estados Unidos (considerado un de los más violentos entre los desarrollados), presenta alrededor de 5 a 6 muertes a cada 100 mil habitantes.
El Tribunal Popular dio la voz a los olvidados de una sociedad que sufren la represión de un estado forjado desde sus inicios en la desigualdad racial y social. A pesar de la brutalidad en aumento, son cada vez más los brasileños que se organizan para denunciar y luchar contra las injusticias que las clases dominantes tratan aparentar como “normales”.
A lo largo de cuatro secciones se presentaron documentos y testimonios de amigos y familiares de las víctimas de los cuatro casos emblemáticos de violencia estatal: Operación Militar en la Favela Alemão en Río de Janeiro, 2007; sistema carcelario y ejecuciones de jóvenes negros en Bahía; la Masacre de Mayo San Pablo, 2006; criminalización de los movimientos en Río Grande do Sul, 2008.
El tribunal contó con la presencia de militantes y docentes universitarios de gran trayectoria en las luchas sociales y en la defensa de los derechos humanos en Brasil. Entre las organizaciones participantes estuvieron el Grupo Tortura Nunca Más, Centro Étnico Conocimiento Socio-Ambiental, Foro Permanente de Ex-Presos y Perseguidos Políticos, la Pastoral Operaria, la Asociación de Parientes y Amigos de Presos de Bahía (ASFAP-BA), el Movimiento Malcon X y Grass Roots Movement de Estados Unidos.
El presidente de la Asociación Brasileña de la Reforma Agraria (ABRA), Plinio Arruda Sampaio, fue el promotor en la sección final del juicio. Pidió la pena máxima, por entender que en las acciones del Estado existió intención de cometer los crímenes presentados.
Sampaio argumentó que "el crimen se llama criminalización de la pobreza, donde se imponen restricciones, carencias, sufrimiento, injurias al pobre por el hecho de ser pobre".
Para encerrar las conclusiones del proceso, Sampaio atribuyó, además, responsabilidad de los crímenes a los tres poderes del Estado: "Terrorismo sicológico, invasión de domicilio, agresión física y agresión moral, tortura, ejecución sumaria, tratamiento deshumano de presos menores de edad, insuficiencia de gastos en las periferias pobres de las ciudades".
"La policía mata, pero quien sepulta es el Judicial". Con esta frase del comisario Orlando Zaccone de Río de Janeiro, la jueza Kenarik Boujikian de San Pablo llamó la atención para el rol del juez como el garante ante los atropellos policíacos.
"Nadie se conmueve cuando el cuerpo que está en el piso es de un negro", dijo Lio N´Zumbi, Integrante de ASFAP-BA cuando se trató la persecución y exterminio de los jóvenes negros en Brasil.
En los barrios pobres de Bahía las víctimas de las balas policiales son en su mayoría negros de 15 a 29 años de baja escolaridad y sin antecedentes criminales. En 2007 fueron 660 asesinados, este año el número pegó un salto para 1450 muertos, según datos de la ASFAP-BA.
"Existe una pena de muerte que no está en nuestra Constitución, pero que en la práctica es ejecutada por los agentes del Estado", exoresó Lio N´Zumbi.
La brutalidad y la sangre fría de la policía bahiana se llega a leer en algunos patrulleros que llevan estampados, clandestinamente, la consigna: "Padre hace, madre educa y la policía mata".
También fueron presentados los casos de criminalización de los movimientos sociales. Al sur del país, en el Estado de Río Grande do Sul, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) tiene militantes presos y otros con causa en andamiento. En una de las causas judiciales se realizaron escuchas telefónicas con la clara intención en perseguir a los dirigentes del movimiento. (Ver: “Represión judicial sobre el MST”. APM 24/08/2008)
Los relatos de asesinatos, torturas y amenazas de muerte por parte de las víctimas fueron dejando en evidencia el grado de impunidad de la policía brasileña. Sin embargo ninguna se compara con la masacre ocurrida en San Pablo en 2006.
En aquel entonces la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) decidió tomar por asalto la mayor ciudad de América del Sur para presionar el gobierno estatal por la transferencia de sus jefes a otras cárceles fuera de su control. Los 11 millones de habitantes se vieron prohibidos de salir a las calles dominadas por el PCC. Hubo un toque de queda que duró 24 horas.
Según la Secretaria de Seguridad Pública de San Pablo los criminales fueron responsables por la muerte de 47 personas. Sin embargo, entre los días 12 y 20 de mayo (un día después del estado de sitio) fueron asesinadas 493 personas en un operativo denominado por las fuerzas del orden como Contraofensiva. El hecho quedó conocido por el pueblo como la Mascare de Mayo.
El Informe Derechos Humanos en Brasil 2008, realizado por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, marca una realidad preocupante. Cerca de 50 mil personas son asesinadas cada año en Brasil, un índice que está entre las más altas del mundo.
En 2004 existián 26,9 muertes por cada 100 mil habitantes, un aumento considerable en comparación con los 11,7 muertos en 1980. Países de Europa Occidental conviven con tasas inferiores a 3 muertes a cada 100 mil y Estados Unidos (considerado un de los más violentos entre los desarrollados), presenta alrededor de 5 a 6 muertes a cada 100 mil habitantes.
El Tribunal Popular dio la voz a los olvidados de una sociedad que sufren la represión de un estado forjado desde sus inicios en la desigualdad racial y social. A pesar de la brutalidad en aumento, son cada vez más los brasileños que se organizan para denunciar y luchar contra las injusticias que las clases dominantes tratan aparentar como “normales”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário